El gobierno de Ollanta Humala se comporta como un cruel
defensor de los intereses de Southern y su proyecto Tía María. Para tal efecto
se vale de las distintas instituciones gubernamentales, para reprimir, violentar,
demandar, sancionar y encarcelar a dirigentes, alcaldes y pobladores en general
que se hayan manifestado contrarios a este proyecto minero.
En Islay llegaron a mantener hasta 5,000 efectivos
policiales y 2000 militares, dedicados a intimidar a la población y a reprimir las protestas duramente, llegando
incluso al asesinato de manifestantes. Del total de 17,000 efectivos policiales
que a nivel nacional se dispone para actuar en las calles, entre 4000 y 5000
fueron destacados para reprimir las protestas.
Paralelamente a la represión policial, el Ministerio Público
y el Poder Judicial han venido actuando con énfasis en la investigación, denuncia
y detención de dirigentes y manifestantes, con acusaciones arbitrarias, incluso
inauditas, como aquellas que recaen sobre Jaime de la Cruz Gallegos ex alcalde
de Deán Valdivia, a quien se le ha acusado de lavado de activos. En el afán de
someter a de la Cruz, no encontraron mejor idea que reabrir un caso judicial
pasado para que el Jurado nacional de elecciones se hiciera presenta para dictaminar
su vacancia,
Por otro lado la Contraloría de la Republica estuvo también
presente, para realizar una labor intensa de investigaciones, pero sobre todo
pedir el congelamiento de las cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial
de Islay y de las municipalidades distritales de Punta del Bombón, Deán
Valdivia y Cocachacra, hecho que de inmediato lo efectuó el ministerio de
Economía y Finanzas.
Los distintos ministerios han actuado al unísono con el
propósito de impulsar la ejecución de Tía María, empezando con el Ministerio
del Ambiente que de manera inmediata se apresuró en aprobar el segundo estudio
de impacto ambiental, dando por hecho que con este estudio quedaban salvadas
las observaciones que la UNOPS presento sobre el primer EIA.
Tal ha sido el afán de defensa del proyecto Tía María por
parte de los ministros del estado que en más de una ocasión han incurrido en
declaraciones falsas y denigrantes. Las tantas manifestaciones desatinadas que
hizo el ministro Pérez Guadalupe, como cuando acuso a los manifestantes de ser
los autores de los disparos de bala y perdigón contra la población.
Gracias a los medios de comunicación pudo conocerse de
distintas labores de “sembrado de pruebas”, infiltraciones y acciones de
violencia desproporcionada efectuadas por efectivos policiales.
En este universo de acciones en contra de la población del
valle de Tambo, sus instituciones y autoridades, se han cometido un sinfín de arbitrariedades
y abuso de poder, hechos que tarde o temprano recaerán en sus autores, al
haberse infringido las leyes de manera grosera. Quedará para la historia de
nuestro país y su endeble democracia un capítulo de vergüenza nacional.
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